Lo Último: Fiscalía pedirá impedimento de salida del País a Fujimori por peligro de fuga

Lo Último: Fiscalía pedirá impedimento de salida del País a Fujimori por peligro de fuga
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Con el voto dirimente del magistrado Augusto Ferrero, el expresidente Alberto Fujimori recuperará su libertad por segunda vez en 5 años.

Tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar fundado el habeas corpus a favor de Alberto Fujimori, ratificando el indulto humanitario para el expresidente, la polémica no se hizo esperar y diferentes líderes políticos, expertos y ciudadanos expresaron su postura al respecto.

El hábeas corpus fue presentado hace dos años por el abogado fujimorista Gregorio Parco ante el Poder Judicial de lca, y en plena pandemia del Covid-19, es el que sirvió el jueves al Tribunal Constitucional (TC) para conceder la libertad de Fujimori Fujimori, sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

Seis magistrados votaron el jueves la ponencia de Ernesto Blume, quien recomendó acoger este recurso, que parecía ser uno más de los tantos que se han presentado en el mismo sentido.

La votación de los tribunos quedó 3-3, pero con el voto dirimente del presidente del TC, Augusto Ferrero, el hábeas corpus a favor de Alberto Fujimori se dio por concedido.

A la postura de Blume y Ferrero se sumó José Luis Sardón.

Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa Saldaña se opusieron.

Más inestabilidad y controversia

El tribuno Eloy Espinosa Saldaña explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) puede tomar una decisión respecto a la sentencia del organismo constitucional, algo parecido a lo que sucedió en 2018, cuando el juez Hugo Núñez anuló el indulto concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Eso significaría más inestabilidad institucional, más controversia entre la población (…). Esto debió esperar (la votación). En un contexto de polarización esta decisión va a polarizar aún más”, manifestó.

En mayo de 2018, meses después de la excarcelación de Alberto Fujimori, la Corte-IDH señaló que el Estado peruano “no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos” que se atribuyen a Alberto Fujimori. Es decir, consideró que el  indulto ha interrumpido esa orden.

Además, Núñez en su resolución advirtió irregularidades en el proceso, como una “excesiva rapidez” para las evaluaciones médicas y la participación de un médico tratante de Fujimori en la Junta Médica Penitenciaria que hizo el informe técnico para el indulto.

Por su parte, el canciller César Landa recordó el jueves este episodio e indicó que las instancias internacionales deberán “revertir” el fallo del TC.

“La reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso Fujimori no es válida, pues va en contra de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta”, manifestó en un tuit.

En esa línea también se mostró Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Refirió que ahora queda esperar que la Corte IDH se pronuncie.

Rivera adelantó que ya “activaron” esta vía para que el tribunal internacional supervise la ejecución de su sentencia.

“La última vez, la Corte hizo su audiencia al mes de realizado el indulto, y demoró cinco meses para pronunciarse”, declaró en  Canal N.

Asimismo, acotó que la supervisión de cumplimiento por parte de la Corte-IDH puede empezar “en dos semanas”.

Peligro de fuga

El fiscal Pablo Espinoza evalúa pedir impedimento de salida del país para Alberto Fujimori por el caso de las Esterilizaciones Forzadas. Pedido se haría en las próximas horas al juez Rafael Martínez quien abrió proceso en diciembre del año pasado.

Urgencia del pedido es por peligro de fuga, ante inminente salida del ex presidente del penal Fundó Barbadillo, la familia evaluaría la posibilidad de sacarlo del país rumbo al Japón, dónde por su nacionalidad es imposible la extradición.

Fujimori y la vez que se fugó del Perú

Un 19 de noviembre del año 2000 Perú se encontraba sumido en un escándalo político y con un vacío de poder. Alberto Fujimori, el entonces presidente de la República de Perú, renunciaba a su cargo desde Japón. Esta noticia sacudía, por entonces, a la región y a la población del país.

¿Qué pasaba en ese momento en el país?

Los años previos a la renuncia del ex presidente Fujimori no fueron tranquilos, por el contrario, estuvieron marcados por una inestabilidad política, mandatos autoritarios y un sistema democrático tambaleante.

La década de los 80 estaba centrada en contener el accionar de Sendero Luminoso y los intentos de los presidentes para desarticular a este actor político. Posteriormente, en 1992, Alberto Fujimori ya era presidente y realizó un autogolpe de estado al disolver el Congreso de la República. Este autogolpe contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y entre sus objetivos buscaba terminar con la lucha terrorista. Sin embargo, en aquel momento, una comisión del Senado también se encontraba investigando delitos contra los derechos humanos en los que habría sido partícipe el presidente.

A partir de esa fecha, el gobierno de Fujimori, que se extendió hasta el año 2000, fue considerado autoritario ya que derogó la Constitución para permitirse la reelección, y a fines de 1990 promulgó la Ley de Interpretación Auténtica para poder ser electo por tercera vez consecutiva.

En septiembre del año 1998 se pidió la nulidad de la Ley de Interpretación Auténtica por considerarla inconstitucional y autoritaria. Pero el partido de Fujimori contaba con mayoría absoluta para desestimar el pedido.

Fujimori se presentó para las elecciones del año 2000 y resultó reelecto.

¿Cuál fue el detonante?

El tercer período consecutivo de Fujimori como Presidente fue breve. Esto se debió a que en septiembre del año en que asumió salieron a la luz videos de cámaras ocultas donde se exponía los actos de soborno que su colaborador realizaba a miembros de otros partidos.

Ante la evidencia el escándalo político, esto terminó por convertirse en una crisis institucional y alentó el reclamo de diferentes sectores de la sociedad civil y de la política. Por esta razón, el Presidente Fujimori anunciaba un llamado a nuevas elecciones legislativas y presidenciales donde, según anunciaba, no iba a participar.

Aun así, Fujimori decidió viajar como jefe de Estado a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Luego de esta Cumbre, debía pasar por Tokio donde decidió quedarse por las amenazas de denuncias penales y la posibilidad de ser juzgado y encarcelado.

Con asilo en Tokio, el 19 de noviembre del 2000, expidió su renuncia como Presidente al Secretario General de la Presidencia de la República. De esta manera, por medio de un fax, se envía la renuncia formal al Presidente del Congreso.

Proceso de vacancia presidencial

La Constitución de Perú establecía que se declaraba la vacancia presidencial por muerte, incapacidad moral o física, aceptación de su renuncia por el Congreso, salida del territorio nacional sin permiso del Congreso o destitución.

Lo que sucedió fue la existencia de un vacío legal ya que no había una norma dictada y reglamentada por el Congreso para estipular qué procedimiento se debía seguir en caso de vacancia. Por ende, se adoptó una votación con mayoría simple para cesar al Presidente de su cargo.

El Congreso decidió rechazar la renuncia del Presidente y declararlo incapaz moralmente e inhabilitarlo por diez años para ejercer cualquier cargo público. Quien asumió la presidencia, en ese momento, fue el Presidente del Congreso peruano, como establecía la Constitución.

Este suceso sacudió al país e instó a buscar una nueva estabilidad política y social. Los escándalos de corrupción no cesaron y Fujimori se exilió en Japón y en 2007 fue extraditado a Perú para ser juzgado donde fue condenado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos.

En el año 2017, el presidente Pablo Kuczynski indultó a Fujimori, pero este volvió a prisión en 2019 para cumplir la totalidad de su condena.

Fuente: La Republica | IRI